El Supremo remite a la Audiencia de Sevilla el informe sobre los indultos a Griñán y otros condenados por los ERE

El Tribunal Supremo ha decidido dejar en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla el informe preceptivo sobre los indultos a José Antonio Griñán y otros siete condenados por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha remitido un oficio a la Audiencia de Sevilla para que emita su parecer sobre la concesión de los indultos. La decisión del Supremo cuenta con el respaldo del informe emitido por la Fiscalía, que se opone a los indultos solicitados.

Indultos a ex altos cargos andaluces

Esta medida se produce tras la petición de indulto realizada por los condenados, incluyendo al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión. Asimismo, el ex consejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, condenado a nueve años de cárcel, también ha solicitado el indulto, al igual que otros altos cargos.

Informe de la Audiencia de Sevilla

La Audiencia de Sevilla emitirá un informe en el que se pronunciará sobre la concesión o denegación de los indultos, cuyo parecer no es vinculante. Sin embargo, la opinión de este órgano judicial será tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de tomar su decisión final sobre los indultos.

Rechazo de la Fiscalía

El Ministerio Público ha mostrado su rechazo a los indultos solicitados por considerar que no concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión de estas medidas de gracia. La Fiscalía ha incidido en que se trata de un caso de corrupción que ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas y que no se han apreciado muestras de arrepentimiento por parte de los condenados.

Conclusión

La decisión del Supremo de remitir a la Audiencia de Sevilla el informe sobre los indultos a los condenados por los ERE supone un paso más en el proceso que determinará si finalmente se conceden estas medidas de gracia. La petición de indulto de los ex altos cargos andaluces ha generado un intenso debate y controversia, y ahora queda en manos del Gobierno la decisión final tras conocer los informes pertinentes.