La desaladora que el Gobierno usa para llevar agua a Cataluña se la quiere cobrar a Sagunto
La ciudad de Sagunto se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar la desaladora que el Gobierno está utilizando para llevar agua a la cuenca del Júcar y a Cataluña. La planta desalinizadora, ubicada en el municipio valenciano de Sagunto, ha estado proporcionando agua a estas zonas durante años, pero ahora se plantea la posibilidad de que el ayuntamiento de Sagunto asuma los costos de la infraestructura.
Antecedentes de la desaladora de Sagunto
La desaladora de Sagunto fue construida con una capacidad de producción de 50 hectómetros cúbicos al año, con el objetivo de garantizar el suministro de agua a la comarca en momentos de sequía. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de la producción de la planta ha sido utilizada para abastecer a la cuenca del Júcar y a Cataluña, lo que ha generado un debate sobre quién debe hacerse cargo de los costos.
La postura del Ayuntamiento de Sagunto
El Ayuntamiento de Sagunto se opone firmemente a la idea de tener que asumir el coste de la desaladora, argumentando que esta infraestructura ha estado destinada principalmente al abastecimiento de otras zonas, dejando de lado las necesidades locales. La alcaldesa de Sagunto ha expresado que el municipio no puede verse obligado a financiar una infraestructura que beneficia principalmente a otras regiones.
Repercusiones en la comunidad
Esta situación ha generado malestar en la comunidad de Sagunto, ya que el posible pago de la desaladora recaería en los ciudadanos a través de impuestos y tasas municipales. Existe preocupación por el impacto económico que esto podría tener en la población local, así como por la falta de garantías de que la planta seguirá abasteciendo a la zona en el futuro.
Conclusiones
El debate sobre quién debe asumir el coste de la desaladora de Sagunto plantea importantes interrogantes sobre la gestión del agua y la distribución de recursos entre diferentes regiones. La situación continúa generando controversia y es un tema clave en la agenda política de la región, con implicaciones relevantes para el bienestar de la comunidad local.
