Durante varios días, el mundo ha presenciado atónito uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Las intensas lluvias han arrasado Rio Grande do Sul, uno de los Estados más prósperos del país. Hace un año, ocupaba el cuarto lugar en el ranking nacional de mayor renta per cápita, pero ahora, con el 70% de su territorio inundado, la región cuenta con al menos 126 muertos, 1,9 millones de afectados, 395.000 desplazados y 441 ciudades bajo el agua.
Se ha identificado como un evento climático extremo, causado por factores como el cambio climático, el fenómeno meteorológico de El Niño, y una combinación desfavorable de lluvias intensas y una masa de aire caliente en el centro de Brasil que impide el paso de las nubes. Sin embargo, la devastación de esta región, que obligará a varias ciudades a reubicarse, no se debe únicamente a causas naturales.
El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fue advertido en varias ocasiones sobre el riesgo de una tragedia ambiental sin precedentes, pero hizo caso omiso. El diputado Adão Pretto Filho presentó un informe con propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios de este Estado, proponiendo más inversión en prevención y legislación más estricta en preservación ambiental.
La falta de adopción de medidas sugeridas contribuyó al impacto catastrófico de este evento. El alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, también enfrenta críticas por haber desmantelado el Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillado, lo que afectó la capacidad de prevención de inundaciones. Además, se han denunciado errores en la gestión ambiental y la falta de protección en zonas sensibles.
Se espera que se aprueben nuevas medidas que relajarán aún más las regulaciones ambientales, lo que ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente. La creación de albergues exclusivos para mujeres y niños, tras la detención de sospechosos de abusos, es una de las respuestas a la crisis humanitaria en la región.
El Gobierno federal liderado por Lula ha anunciado ayudas por un valor de 51.000 millones de reales para la reconstrucción, pero también se han reportado casos de corrupción y desvío de fondos públicos. A pesar de la desinformación en las redes sociales, la solidaridad de los brasileños anónimos y los esfuerzos de los voluntarios y los organismos de rescate han sido destacables durante esta tragedia.
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