El Fiscal General del Estado Dispuesto a Aplicar la Ley de Amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está decidido a aplicar la ley de amnistía en todas las causas relacionadas con el procés, enfrentándose así a los cuatro fiscales que condenaron a los líderes independentistas.
Un Pulso Político y Jurídico
La disputa ha generado una crítica división dentro del ministerio fiscal. Los cuatro fiscales que lograron las condenas por sedición y malversación insisten en que no se debe aplicar la amnistía a líderes como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, argumentando que participaron en la utilización de fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017, lo que según ellos sería un enriquecimiento personal. No obstante, García Ortiz descarta que esto sea un obstáculo para la amnistía, ya que no hubo ganancia personal.
La Ley de Amnistía y la Determinación del Fiscal General
García Ortiz ha preparado un escrito de 133 folios ordenando la aplicación integral de la amnistía y solicitando la anulación de las órdenes de detención. Esta posición ha liderado un enfrentamiento entre él y los fiscales del procés, que consideran que la amnistía no puede anular las condenas. Se ha convocado una junta de fiscales de Sala para debatir el tema, pero es claro que la práctica integridad del fiscal general prevalecerá a menos que la mayoría de los fiscales se opongan.
El Ideal de Neutralidad
La tensión política rodea la aplicación de la ley de amnistía, con acusaciones cruzadas de motivaciones políticas entre el fiscal general y los fiscales del procés. García Ortiz ha defendido que la aplicación de la ley debe ser estrictamente jurídica y no debe considerar motivaciones políticas.
La Repercusión en la Fiscalía y la Política
La disputa ha llevado a exigencias de dimisión del fiscal general por parte del Partido Popular, acusándolo de «degeneración institucional». La situación también afecta a otras 80 causas en curso que podrían verse afectadas por la aplicación de la ley de amnistía, las cuales esperarán la resolución final en el Tribunal Supremo.
El Caso del Referéndum del 1-O y la Interpretación de la Ley de Amnistía
La interpretación del delito de malversación de caudales públicos es clave en la disputa. Los fiscales del procés creen que la utilización de fondos públicos para el referéndum del 1-O fue un enriquecimiento personal, cosa que Álvaro García Ortiz rechaza. Esta cuestión afectará a otros casos en Cataluña, incluyendo los casos de JosepMaria Llové y Lluís Salvadó, así como el proceso judicial sobre la organización del referéndum de 2017.