La Audiencia Nacional rechazó este lunes admitir a trámite la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal. La resolución del magistrado Santiago Pedraz sostiene que el PP no aporta en su escrito elementos para abrir una nueva rama de investigación dentro del caso Hidrocarburos.
El PSOE reaccionó a la inadmisión criticando el paso judicial del Partido Popular y confirmando que presentará una querella por injurias cuyo recorrido es el mismo que el de la presentada por el PP, según opinión de todas las fuentes jurídicas consultadas.
«Con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más», dice el magistrado. Sigue así la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió al instructor que desechara la querella.
La petición del PP se basaba en una información publicada en The Objective en que dos empresarios anónimos decían haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE como contraprestación de una licencia para la compraventa al por mayor de hidrocarburos.
El magistrado reconoce que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, pero «siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador». Algo que a su juicio en este supuesto.
Fuentes de Ferraz sostuvieron ayer que la imputación de una «falsa» financiación ilegal es de una «gravedad muy fuerte», resaltando que se basaba «en recortes de periódico, testimonios anónimos y cuestiones muy serias totalmente infundadas». En la sede socialista insisten en que «en España la carga de la prueba no funciona así: quien acusa debe aportar pruebas, no puede ser que se exija a los acusados que tengan que defenderse».
«En el PP lo han dicho muy claro durante esta semana, daba igual lo que pasara con la querella porque el daño estaba hecho», afirmó ayer Emma López, que está ejerciendo como portavoz oficiosa del partido. «No todo vale para intentar hacer caer al Gobierno de España. Por eso, desde el PSOE, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias», añadió.
El PP se consoló ayer de la inadmisión felicitándose de que el juez Pedraz sí aceptara admitirle como acusación, al igual que a Vox, Hazte Oír y Manos Limpias. Para ello deberán presentar una fianza de 10.000 euros. Por el momento, ninguna de las partes tendrá acceso a la causa, que está declarada secreta.
«Nuestra obligación era denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna. En cualquier caso, lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza», sostuvieron ayer fuentes populares.
Dentro del mismo caso Hidrocarburos, el instructor ratificó ayer la prisión provisional de Víctor de Aldama. Según Pedraz, el investigado podría entorpecer la investigación en esta fase inicial. Por ejemplo, poniendo fuera del alcance de la Justicia los 73 millones en el extranjero que se le han localizado. Aldama que aparece como pieza clave tanto en el caso Koldo -que gira en torno a la compra de mascarillas por el ministerio de Transporte de José Luis Ábalos-, como en la defraudación del IVA que centra el caso Hidrocarburos.
