La mayoría de los empresarios reunidos en el XXVII Congreso de la Empresa Familiar muestran optimismo sobre la situación económica, pero no en la regulación del Gobierno y de otras administraciones ni en la eficacia de los fondos europeos.
El 60% de los asistentes a la reunión anual del Instituto de la Empresa Familiar, que aglutina a varias de los principales emporios empresariales del país, ha situado los bandazos en la normativa como el primer riesgo para su actividad. Han colocado los «cambios regulatorios» como la mayor amenaza por encima incluso de los problemas para encontrar mano de obra cualificada, que lo consideran un problema creciente, y de los conflictos geopolíticos.
También ha sido llamativo que la mayoría prescinde de pedir fondos europeos, pese a que España tiene derecho a repartir una magnitud histórica de 160.000 millones de euros. El 55% ha respondido a la encuesta que no opta a ninguna convocatoria para obtener estos fondos y el 19% que lo ha hecho ha afirmado que le ha sido «denegada» su solicitud. Uno de los miembros del IEF, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ya declaró a este diario el pasado año con ironía que había recibido ya todas las ayudas europeas que esperaba, porque había solicitado «cero euros».
En contraste, los asistentes a esta reunión, celebrada en esta edición en Santander, han puntuado la situación económica con un aprobado (un 5,55 sobre 9) que es el porcentaje más optimista desde 2019, lo que significa que sin el miedo a la regulación y con más eficacia en los fondos, el crecimiento económico sería más alto y estable.
En este difícil ambiente ha intervenido el ministro de Industria, Jordi Hereu. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado plantón una vez más a esta influyente asociación que preside actualmente el dueño de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, pero Hereu ha asegurado ante un escéptico auditorio que el Gobierno en su conjunto tiene «la convicción» de que hay que apoyar a las empresas familiares al ser «columna vertebral» de la economía.
«La empresa tiene que ser y es un motor de cambio y de trasformación social y económico», ha afirmado el ministro socialista catalán. Ha anunciado que este martes publicará una resolución por la que repartirá «300 millones de euros para la compensación de costes indirectos de CO2, que beneficiarán a algo más de 200 empresas electrointensivas».
