La propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a la jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Córdoba ha generado un intenso debate. En un contexto donde el Gobierno había anunciado el traslado de ciertos casos a un nuevo juzgado en la capital, el TSJA plantea una alternativa que involucra a Lucena, Cabra, Puente Genil y Priego de Córdoba.

Según la memoria del TSJA a la que ha tenido acceso ABC, se contempla la extensión de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lucena a los partidos judiciales de Cabra, Puente Genil y Priego de Córdoba, siempre y cuando se cree una nueva plaza de titular. Este enfoque difiere de la propuesta gubernamental de trasladar los casos al nuevo juzgado en la capital cordobesa, además de Cabra y Pozoblanco.

Creación de nuevas plazas de magistrado

Como parte de su sugerencia, el TSJA plantea la creación de tres nuevas plazas de magistrado: dos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba y una en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Lucena. Esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta ante casos de violencia de género en la región.

Descontento y discrepancias

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Justicia de agrupar los asuntos de Violencia sobre la Mujer de Pozoblanco y Lucena en Córdoba capital. Para Nieto, esta medida genera un desequilibrio y no responde a la lógica territorial de la provincia.

Las opiniones divergentes entre el Gobierno y el TSJA evidencian la complejidad de las decisiones relacionadas con la distribución de competencias judiciales, especialmente en casos tan sensibles como la violencia de género.

Reflexión final

Ante la controversia suscitada, es fundamental encontrar un equilibrio que garantice una atención eficaz a las víctimas de violencia de género en toda la provincia de Córdoba. Las propuestas planteadas por el TSJA y el Gobierno deben ser analizadas con detenimiento, priorizando siempre el bienestar y la protección de quienes más lo necesitan.