La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, retomará esta semana las negociaciones con el Ministerio de Función Pública para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. Tras presentar una queja formal en Presidencia del Gobierno el 20 de mayo, CSIF anunció a través de un comunicado la vuelta a la mesa de diálogo.

Tras ejercer presiones para reanudar los contactos, se han programado dos reuniones esta semana para tratar diversos temas relacionados con el régimen laboral de la Administración General del Estado, como la Oferta de Empleo Público, la inclusión de medidas para facilitar el acceso a la Función Pública a personas con discapacidad, el Plan de Igualdad de la AGE y mejoras en la conciliación familiar para padres con hijos enfermos.

Compromiso con la transparencia y la profesionalidad

Desde CSIF, se hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno atienda las demandas de los empleados públicos, especialmente en un contexto de incertidumbre por casos de corrupción que podrían afectar la reputación de las administraciones y empresas públicas.

El sindicato destaca la importancia de contar con servidores públicos independientes que velen por la calidad y la profesionalidad, en contraposición a nombramientos a dedo que han proliferado en los últimos tiempos y que deterioran la imagen y el funcionamiento de las instituciones.

Medidas prioritarias propuestas por CSIF

• Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el cobro íntegro de la paga extra.
• Adecuación de los grupos profesionales y eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público.
• Implantación de la jornada laboral de 35 horas en todo el Estado.
• Establecimiento de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo y la equiparación salarial.
• Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General.

Conclusión

CSIF se posiciona como un agente clave en la defensa de los derechos laborales de los funcionarios, buscando cambios significativos y mejoras concretas en un momento crucial para la administración pública. La transparencia, la profesionalidad y la atención a las necesidades de los empleados públicos se erigen como pilares fundamentales en su lucha por un entorno laboral más justo y equitativo.