Hace exactamente un año, las Cortes Valencianas daban luz verde a la Ley 1/2024, marcando un hito con la nueva Ley de Libertad Educativa. Este marco legal, impulsado por el Gobierno de la Generalitat bajo el mandato de Carlos Mazón, buscaba poner fin al modelo de inmersión lingüística del Ejecutivo anterior liderado por el socialista Ximo Puig. La premisa fundamental: empoderar a las familias otorgándoles la potestad de decidir en qué idioma deseaban que sus hijos recibieran su educación.

Esta decisión, concebida como una apuesta electoral de gran envergadura, no estuvo exenta de polémicas y sensibilidades encontradas durante el último curso. A doce meses de su implementación, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, destaca que la ley ha brindado «libertad» a las familias para elegir el idioma principal en la formación de sus hijos, permitiendo a los menores cursar las primeras enseñanzas en su lengua habitual, tal como establecía la Llei d’Ús.

La libertad de elección como pilar fundamental

La Conselleria de Educación ha venido implementando y ejecutando la ley a lo largo del último curso escolar, con la expectativa de que se consolide plenamente en el próximo periodo académico. La posibilidad de que las familias elijan el idioma base en el que desean que se imparta la educación en los centros educativos se convertirá en una realidad inminente.

Rovira sostiene que este nuevo modelo educativo establece una proporción equilibrada entre valenciano, castellano e inglés en los centros, promoviendo así un entorno lingüístico plural que refleje la diversidad de la sociedad valenciana.

A favor y en contra: voces disonantes sobre la Ley de Libertad Educativa

A pesar de los avances en materia de libertad de elección y diversidad educativa que defienden sus partidarios, los críticos señalan posibles debilidades del valenciano, la segregación escolar e incluso una presunta invasión de competencias estatales.

Plataformas como la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic y algunos sindicatos han expresado su descontento, argumentando que la norma limita el uso del valenciano en zonas de habla castellana y favorece su exclusión, generando grupos con distintas lenguas. Por otro lado, asociaciones educativas han respaldado la iniciativa al considerar que restablece la libertad de elección de centro, permite a las familias seleccionar el idioma base y facilita la obtención de certificaciones de valenciano tras aprobar la materia.

Avances y novedades en el sistema educativo

Una de las medidas más relevantes introducidas por la Ley de Libertad Educativa ha sido el derecho de los alumnos a realizar exámenes en el idioma de su elección. Asimismo, se reconoce el derecho de la comunidad educativa a dirigirse al centro y comunicarse en la lengua cooficial que prefieran, además de obligar a los centros a disponer de documentación bilingüe en valenciano y castellano.

Otro aspecto destacado es el reconocimiento y certificación de los conocimientos de valenciano adquiridos por los estudiantes a lo largo de sus estudios previos. Este reconocimiento no solo valora el esfuerzo y dedicación al aprendizaje del valenciano, sino que también incentiva a los alumnos a no solicitar exenciones de evaluación en este idioma.

Conclusión: el futuro de la educación lingüística en la Comunidad Valenciana

Al concluir el primer año de aplicación de la Ley de Libertad Educativa, se vislumbra un escenario donde la elección del idioma base por parte de las familias cobra un papel central en la planificación educativa. La normativa busca equilibrar la libertad de elección con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes adquieran competencia en las dos lenguas oficiales al finalizar su formación académica.

Así, la transformación del sistema educativo valenciano a través de esta ley continúa generando debates y controversias, pero también abre nuevas posibilidades y horizontes en la educación lingüística de la región, marcando un hito en la historia educativa de la Comunidad Valenciana.