El juez del Supremo que investiga a García Ortiz sitúa a la Fiscalía al borde de la multa por «mala fe procesal» en su empeño por defenderle
Ángel Hurtado rechaza la petición de nuevas diligencias del Ministerio Público
En un giro inesperado, el juez del Tribunal Supremo encargado de investigar el caso de García Ortiz ha rechazado de forma contundente la petición de nuevas diligencias presentada por la Fiscalía. Esta decisión ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial, ya que la postura del juez ha sido interpretada como un claro rechazo a las pretensiones de la Fiscalía de dilatar el proceso.
Ángel Hurtado, el magistrado a cargo del caso, ha argumentado que las diligencias solicitadas por la Fiscalía carecen de fundamento sólido y que no aportarían información relevante al caso. Esta negativa ha dejado a la Fiscalía en una posición comprometida, al borde de enfrentar una posible multa por lo que el juez ha calificado como «mala fe procesal».
El juez elude la sanción considerando la «posición institucional» de la Fiscalía
A pesar de la gravedad de la situación y de las duras críticas hacia la actuación de la Fiscalía, el juez Hurtado ha decidido no imponer la multa por «mala fe procesal». En su argumentación, el magistrado ha tenido en cuenta la posición institucional de la Fiscalía y ha optado por evitar una confrontación directa que pudiera entorpecer el desarrollo del caso.
Esta decisión ha generado debate en el ámbito jurídico, ya que algunos expertos consideran que la actuación de la Fiscalía ha sido cuestionable y que debería haber consecuencias más allá de una simple advertencia. Sin embargo, el juez ha optado por mantener la imparcialidad del proceso y ha evitado tomar medidas drásticas que pudieran afectar la estabilidad del mismo.
Conclusión: un paso más en un caso lleno de controversia
El caso de García Ortiz continúa su curso, marcado por la polémica y los enfrentamientos entre las partes involucradas. La reciente decisión del juez Hurtado de rechazar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y de evitar imponer una multa por «mala fe procesal» ha dejado en evidencia las tensiones existentes en torno al proceso judicial.
A medida que el caso avanza, se espera que nuevos capítulos de esta historia se vayan desarrollando, con repercusiones tanto en el ámbito legal como en el mediático. La actuación del juez del Supremo y de la Fiscalía seguirá siendo objeto de escrutinio por parte de la opinión pública, mientras que García Ortiz y su entorno enfrentarán un escrutinio cada vez más intenso a medida que se esclarezcan los hechos.