El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un segundo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria a nivel nacional debido a posibles prácticas abusivas en la gestión de alquileres. Este nuevo caso se suma al ya abierto en marzo contra AlquilerSeguro, evidenciando irregularidades en el sector.

La investigación se enmarca en las denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA, OC y otras asociaciones de consumidores, motivando una revisión exhaustiva por parte de Consumo desde octubre del año pasado en todo el ámbito de gestión del arrendamiento inmobiliario.

Prácticas prohibidas y sanciones aplicables

Las prácticas denunciadas incluyen exigir a los inquilinos el pago de comisiones por la gestión del alquiler, imponer la contratación de seguros obligatorios y servicios no solicitados. Estas acciones contravienen la Ley por el derecho a la vivienda, que prohíbe de forma tajante estas conductas abusivas en el mercado inmobiliario.

Las infracciones detectadas pueden clasificarse en dos grados de gravedad: graves, con multas de hasta 100.000 euros o incluso superiores, y muy graves, con sanciones que podrían ascender hasta un millón de euros y ser multiplicadas hasta ocho veces el beneficio obtenido ilegalmente.

Ampliación de las investigaciones en el sector inmobiliario

Además de este nuevo expediente, Consumo mantiene abiertas otras investigaciones, como las relacionadas con los alquileres turísticos. Se han iniciado acciones contra una plataforma con miles de anuncios de alojamientos considerados publicidad engañosa, así como contra empresas que gestionan viviendas turísticas por proporcionar información falsa o confusa a sus clientes.

Estas medidas buscan proteger los derechos de los inquilinos y garantizar la transparencia y legalidad en el mercado de alquileres, evitando prácticas que perjudiquen a los arrendatarios y vulneren la normativa vigente.

Conclusión

La lucha contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario sigue siendo una prioridad para el Ministerio de Consumo, que continúa vigilante ante posibles irregularidades que afecten a los inquilinos. Con la apertura de este segundo expediente, se refuerza el compromiso por erradicar conductas ilegales y garantizar un mercado de alquiler justo y transparente para todos los ciudadanos.