Ni buena infraestructura digital, ni buena arquitectura jurídica, ni buenos marcos de gestión. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez, se excusaba el pasado miércoles en una comparecencia extraordinaria en el Parlament alegando que las graves irregularidades detectadas en la concesión de ayudas y subvenciones en Cataluña en los últimos años no van a poder solucionarse hasta que la administración autonómica se dote de un sistema informático que evite precisamente esos errores.

Un informe de la Sindicatura de Cuentas revela que entre 2016 y 2024 se han concedido 167,56 millones de euros de forma indebida en la Consejería de Derechos Sociales. Esta situación refleja un descontrol administrativo y un quebranto financiero significativo en la Generalitat.

Descontrol en la concesión de la renta mínima

Uno de los casos detectados de descontrol se refiere al cobro de la renta mínima garantizada, donde 10.285 personas con contrato laboral a jornada completa recibieron esta ayuda, siendo esta situación incompatible. La Sindicatura señala que se realizaron pagos indebidos a 1.958 personas durante más de cuatro meses seguidos.

Además, se detectaron duplicidades incompatibles, como el cobro simultáneo de la renta mínima garantizada y otros subsidios. A pesar de que se espera que los beneficiarios informen a la administración sobre cambios en su situación personal, los mecanismos de control no han sido efectivos para prevenir errores en la gestión de las prestaciones.

Irregularidades en la ayuda a extutelados

La Sindicatura de Cuentas también identificó problemas en la prestación económica para personas jóvenes extuteladas, con presuntos pagos indebidos que ascienden a 4,7 millones de euros. En un periodo de poco más de tres años, 3.759 personas se beneficiaron de esta prestación, de las cuales 1.034 recibieron una base de cotización superior al umbral de elegibilidad.

Estas irregularidades ponen de manifiesto un descontrol generalizado en la administración autonómica, que va más allá de simples errores informáticos. El informe destaca la falta de transparencia y buen gobierno en la gestión de las ayudas, lo que ha llevado a un perjuicio económico considerable.

Conclusiones contundentes

La falta de control y la mala gestión en la concesión de ayudas por parte del Govern catalán han generado un escenario de descontrol administrativo y financiero. Las graves irregularidades detectadas en la entrega de la renta mínima y otras prestaciones evidencian la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos públicos.

Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de corregir estas deficiencias estructurales y establezcan mecanismos de control más rigurosos para prevenir futuros casos de malversación y pagos indebidos. La confianza en las instituciones públicas requiere una gestión transparente y ética, que salvaguarde el interés general y proteja los derechos de los ciudadanos más vulnerables.