La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desatado polémica al calificar a las empresas de «corruptas» tras conocer el informe de la UCO sobre presuntas mordidas pagadas a Santos Cerdán, donde figura Justo Vicente Pelegrini, ex director de Construcción de Acciona para España, despedido a raíz de dichas acusaciones.

En una reunión con Pedro Sánchez, Díaz exigió medidas de «regeneración democrática», incluyendo la prohibición de contratar a empresas implicadas en corrupción por parte de cualquier administración pública. Estas declaraciones provocaron una enérgica respuesta por parte del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La defensa de Antonio Garamendi

Garamendi rechazó categóricamente la afirmación de Díaz, argumentando que culpar a las empresas de corrupción no es correcto. Para él, «el que corrompe es el que tiene el poder», señalando así la responsabilidad de los entes políticos en situaciones de chantaje a empresarios.

El líder de la CEOE lamentó la postura de la vicepresidenta y enfatizó que no se puede generalizar culpando a todas las empresas por los problemas. Considera que hay un sistema en el que participan diversos actores, y no se puede atribuir la corrupción únicamente a la iniciativa empresarial.

Reflexiones sobre responsabilidades y medidas

Según Garamendi, la corrupción no se reduce a un simple intercambio de dinero por favores, sino que implica una red de complicidades donde también intervienen agentes políticos. Para él, es crucial que cada implicado asuma las consecuencias de sus actos.

Ante la demanda de Díaz de garantías respecto a la extensión del caso a otros sectores, Garamendi enfatizó que las investigaciones deben ser exhaustivas y que las responsabilidades deben recaer en quienes corresponda, sin generalizaciones que puedan perjudicar a empresas inocentes.

Conclusiones finales

La controversia desatada por las declaraciones de Yolanda Díaz y la respuesta de Antonio Garamendi pone de manifiesto la complejidad de abordar el tema de la corrupción. Es fundamental analizar cada caso con rigor y evitar señalamientos indiscriminados que puedan perjudicar la reputación de empresas honestas.

En última instancia, tanto el poder político como el empresarial tienen la responsabilidad de actuar con transparencia y ética, colaborando para erradicar cualquier práctica corrupta que socave la confianza en las instituciones y en el tejido empresarial.