En una medida sin precedentes, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau (PSC), ha presentado una propuesta de ley respaldada por el PSC, ERC y Comuns que pretende asegurar el derecho de la ciudadanía a no ser afectada por errores de la administración autonómica catalana en relación con prestaciones esenciales. Esta iniciativa surge tras la revelación de la Sindicatura de Cuentas sobre el desvío de 167 millones de euros entre 2016 y 2024 en ayudas indebidas.

Dalmau ha expresado su preocupación por evitar situaciones en las que, debido a fallas administrativas, se exija a personas en situación de vulnerabilidad la devolución de recursos que no poseen. Con esta reforma legislativa, se busca impedir la reclamación de ayudas mal otorgadas y garantizar que los errores administrativos no recaigan en los ciudadanos.

Foco en la protección de los más necesitados

La propuesta de ley, que será tramitada por lectura única, modificará la normativa vigente en Cataluña para impedir que se reclamen prestaciones incorrectamente reconocidas a personas vulnerables. Además, permitirá a los ciudadanos corregir errores ante la administración, estableciendo un marco legal que les brinde seguridad y protección ante posibles situaciones de injusticia.

Medidas pioneras ante errores administrativos

Siendo pionera en España, la Generalitat introducirá un derecho para rectificar errores administrativos, inspirado en modelos de países como Francia o Polonia. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar que los ciudadanos se vean obligados a retroceder en procesos administrativos por equivocaciones ajenas.

Además, se contempla la exención de sanciones para errores cometidos de buena fe por trabajadores públicos en la gestión de ayudas, asumiendo la administración los costes derivados de dichos errores.

Facilitando trámites y servicios a la ciudadanía

La reforma legislativa también prevé regular trámites y servicios personalizados, proactivos y adaptados a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, se establecerá un consentimiento para el uso de datos y un registro específico para su gestión, buscando reducir desigualdades y facilitar el acceso a la administración a personas con menos recursos.

Mejora en la atención a la ciudadanía

Como medida adicional, se prohibirá la cita como único método de atención ciudadana, reservándola exclusivamente para mejorar la eficiencia y la atención a las personas. Esta medida, que será aplicable a todas las administraciones autonómicas, busca optimizar la gestión y evitar posibles inconvenientes para los ciudadanos.

En resumen, el acuerdo entre PSC, ERC y Comuns para modificar la legislación en Cataluña representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los ciudadanos ante posibles errores administrativos, asegurando un trato justo y equitativo en el ámbito de las prestaciones sociales.