En un paso significativo hacia el fortalecimiento del uso del catalán en la Administración de Justicia en Cataluña, se ha anunciado que a partir del año 2026, los funcionarios recibirán un complemento de productividad ligado a distintos objetivos, entre los que se destaca el uso de la lengua catalana en los documentos tramitados. Esta medida, comunicada por la Consejería de Justicia y Calidad Democrática, surge tras un acuerdo alcanzado con los sindicatos STAJ, CSIF, CC.OO. y UGT, marcando un hito en la valoración del idioma como parte integral de la labor judicial en la región.

El acuerdo entre la administración y los sindicatos no solo reconoce el uso del catalán, sino que también establece otros criterios de evaluación y productividad. Dentro de estos criterios se encuentran la activa participación en la implementación de la nueva Oficina Judicial derivada de la Ley Orgánica 1/2025 sobre medidas de eficiencia en el servicio público de justicia.

Objetivos de evaluación y sistema de puntuación

El sistema de evaluación de los funcionarios contempla dos dimensiones principales: la valoración de competencias profesionales y personales, que abarcan aspectos como rendimiento especial, iniciativa y actividad extraordinaria, representando un 30% de la puntuación total; y la consecución de objetivos específicos de centro y de puesto de trabajo, que constituyen el 70% restante.

Entre los objetivos para el año 2025 se incluyen la correcta puesta en marcha de los nuevos centros de trabajo, el uso eficaz de las herramientas informáticas actualizadas y la mejora global de la actividad judicial. Esta mejora se medirá mediante indicadores concretos como la cantidad de expedientes finalizados, trámites registrados, certificados emitidos o informes redactados en catalán, entre otros.

Creación de una comisión paritaria de seguimiento

Para garantizar la correcta implementación del modelo de evaluación y productividad, así como para abordar posibles incidencias y proponer mejoras, se establecerá una comisión paritaria de seguimiento. Esta comisión estará conformada por representantes sindicales y de la administración autonómica, asegurando una supervisión equitativa y transparente del proceso.

El período de evaluación coincidirá con el año natural, y la liquidación del complemento de productividad se llevará a cabo, a más tardar, en abril del año siguiente, brindando una perspectiva clara y definida para los funcionarios que se esfuerzan por cumplir y superar los objetivos establecidos.

Impulso a la excelencia y al uso del catalán en la Administración de Justicia

Este paso hacia la vinculación del uso del catalán con la productividad en la Administración de Justicia resalta la importancia de promover la excelencia en el servicio público, al tiempo que fomenta el respeto y la valoración de la diversidad lingüística en Cataluña. Así, se establece un marco que incentiva a los funcionarios a desarrollarse profesionalmente y a contribuir activamente al correcto funcionamiento de la justicia, enriqueciendo el entorno laboral y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Conclusiones

El compromiso de pagar un complemento de productividad a los funcionarios de Justicia que empleen el catalán en su labor diaria representa un avance significativo en la promoción de la lengua catalana y la eficiencia en la Administración de Justicia en Cataluña. Esta medida no solo reconoce la importancia del catalán como elemento clave en el ámbito judicial, sino que también impulsa la excelencia profesional y la mejora continua en el desempeño de los funcionarios. El modelo de evaluación y los objetivos establecidos marcan un camino hacia una justicia más efectiva, transparente y comprometida con el pluralismo lingüístico, fortaleciendo los pilares de un servicio público de calidad y cercano a la ciudadanía.