En una movida audaz, el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una propuesta al gigante de alquiler vacacional Airbnb, solicitando la retirada de anuncios ilegales en un plazo máximo de 48 horas. Esta nueva medida representa un giro significativo, considerando que anteriormente se permitía un plazo más amplio de entre 10 y 15 días para tal acción.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha destacado que las demandas presentadas en este nuevo convenio son simplemente cuestiones de sentido común. Entre las exigencias se encuentra la verificación de la veracidad de la información proporcionada en la plataforma, así como la autenticidad de los datos de los alojamientos ofrecidos.

Control riguroso y verificación de identidad

La propuesta también incluye la obligación para Airbnb de llevar a cabo un control riguroso de la legalidad de los alojamientos promocionados en su plataforma. Esto implica compartir mensualmente con el Ayuntamiento los datos de los anuncios, permitiendo así la identificación y eliminación de aquellos que no cumplan con la normativa vigente.

Adicionalmente, se solicita a la plataforma la cesión de datos de los titulares de las cuentas bancarias donde se reciben los pagos de las operaciones realizadas, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de las transacciones y combatir posibles fraudes en el sector.

Nuevas regulaciones para anuncios de alquiler turístico

En el marco de este acuerdo, se establece que en los anuncios de alquiler de menos de 32 días será obligatorio incluir el número de licencia de piso turístico o el nuevo número de registro único de arrendamiento. Por su parte, los alojamientos de más de 32 días deberán contar con una licencia vigente para poder aceptar reservas de corta duración.

Por último, solo se permitirá la publicación de alojamientos registrados en la ventanilla única estatal, asegurando así que la oferta de alquileres cumpla con la normativa establecida por las autoridades competentes.

Respuesta y posibles consecuencias

La respuesta de Airbnb a esta propuesta deberá darse en un plazo de 15 días. El Ayuntamiento confía en que se llegue a un acuerdo satisfactorio, pero en caso de rechazo, no se negociará ninguna de las peticiones planteadas en el convenio.

En palabras de Laia Bonet, en caso de desacuerdo, se tomarán medidas legales pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa en un tema tan crucial como el acceso a la vivienda. Barcelona no está dispuesta a ceder en la regulación del alquiler turístico y hará valer sus exigencias.

Conclusión

La propuesta del Ayuntamiento de Barcelona a Airbnb marca un nuevo capítulo en la regulación del alquiler turístico en la ciudad. Con medidas más estrictas y plazos de actuación más cortos, se busca garantizar un mercado transparente y legal para propietarios y turistas por igual. El desenlace de esta negociación definirá el futuro de la colaboración entre ambas partes y sentará un precedente importante en la industria del alquiler vacacional.