La situación en Canarias ha alcanzado un punto crítico, ya que 116 días después de la solicitud del Gobierno regional, el Estado aún no ha asumido la responsabilidad de acoger a un solo menor migrante. Esta falta de acción por parte del Gobierno central ha llevado a las autoridades canarias a considerar la respuesta como «nula» y a tomar medidas drásticas.

Ante la falta de soluciones concretas y la ausencia de plazas disponibles para albergar a los menores no acompañados, Canarias ha decidido llevar este grave incumplimiento al Tribunal Supremo. La situación humanitaria en las islas no puede esperar más y es urgente encontrar una respuesta efectiva a esta crisis que afecta directamente a los derechos y la seguridad de estos niños y adolescentes vulnerables.

La lucha de Canarias por la protección de los menores migrantes

Canarias se ha convertido en la puerta de entrada de cientos de menores migrantes no acompañados que buscan una vida mejor en Europa. Sin embargo, la capacidad de acogida de la región se ha visto desbordada, y la falta de colaboración por parte del Estado ha agravado la situación, dejando en evidencia la insuficiencia de las medidas tomadas hasta el momento.

La denuncia ante el Tribunal Supremo no solo busca responsabilizar al Gobierno central por su inacción, sino también exigir soluciones inmediatas y efectivas para garantizar el bienestar de estos menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

La urgencia de actuar ante una crisis humanitaria

La falta de asunción de menores por parte del Estado no solo pone en peligro la integridad de estos jóvenes migrantes, sino que también evidencia la falta de coordinación y solidaridad en la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Es imprescindible que todas las instituciones trabajen de manera conjunta para abordar este problema de forma integral y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores.

La sociedad canaria, junto con diversas organizaciones y colectivos, ha mostrado su apoyo a la decisión de llevar este caso al Tribunal Supremo como un acto de defensa de la dignidad y los derechos de los menores migrantes que merecen una atención y protección adecuadas en todo momento.

Un llamado a la acción y la solidaridad

Es hora de que el Estado cumpla con su deber de proteger a los menores migrantes no acompañados y brinde las soluciones necesarias para garantizar su bienestar y un futuro digno. La sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía en su conjunto deben unirse en este clamor de justicia y solidaridad para exigir respuestas concretas y urgentes ante esta crisis humanitaria.

Canarias no se detendrá en su lucha por los derechos de los menores migrantes y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para garantizar que ninguna vida quede desamparada en medio de esta crisis que requiere de la acción inmediata y coordinada de todas las partes involucradas.

Conclusiones contundentes

La falta de asunción de menores por parte del Estado en Canarias es un problema que no puede ser ignorado ni postergado. La denuncia ante el Tribunal Supremo es un paso necesario en la defensa de los derechos de los menores migrantes y en la exigencia de soluciones reales y efectivas por parte de las autoridades competentes. La protección de los derechos de la infancia debe ser una prioridad absoluta, y es responsabilidad de todos garantizar un futuro seguro y digno para aquellos que más lo necesitan.