La propuesta del Gobierno para transformar el proceso de selección de altos funcionarios, que incluye la obligatoriedad de presentarse a dos exámenes y completar una formación de dos años, ha generado un profundo malestar entre los inspectores de Hacienda. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), este nuevo modelo conlleva una «mayor subjetividad» y una evidente rebaja de criterios en la selección de personal para la Administración General del Estado (AGE).

Críticas contundentes y rechazo absoluto

Los inspectores han manifestado un rotundo rechazo hacia la propuesta gubernamental, argumentando que la captación de talento no puede justificar la introducción de criterios que comprometan la objetividad en los sistemas de acceso a la función pública. En este sentido, denuncian que el documento presentado carece de claridad, utiliza un lenguaje mejorable y plantea conclusiones que representan un grave peligro para el futuro de la función pública en España.

Descontento y falta de diálogo

Los Inspectores de Hacienda del Estado han expresado su descontento por la falta de diálogo y consenso en la elaboración de esta propuesta. Critican la ignorancia de las opiniones de los funcionarios superiores de la AGE y señalan la falta de voluntad política para escuchar a quienes realmente conocen el funcionamiento de la Administración. Además, cuestionan la ambigüedad en la selección de candidatos y alertan sobre el riesgo de caos en el servicio público.

Impacto en la calidad de los aspirantes

La imposibilidad de abarcar todos los contenidos relevantes de las oposiciones de los grupos A1 y A2 en tan solo dos años de formación de máster genera preocupación entre los inspectores. Advierten que esta limitación inevitablemente conducirá a una disminución en el nivel de preparación de los aspirantes, comprometiendo la excelencia en la selección de los futuros funcionarios.

Una mirada crítica al futuro de la función pública

Para la IHE, la propuesta del Gobierno representa un intento de debilitar la Administración pública a través de la precarización del capital humano. Se denuncia un desmoronamiento progresivo de la función pública española, que se suma a otras medidas que ponen en riesgo el Estado de Derecho. Ante este escenario, los inspectores hacen un llamado a preservar la integridad y la excelencia en la selección de los funcionarios públicos, fundamentales para el buen funcionamiento del país.

Conclusión

La propuesta de reforma en el proceso de selección de funcionarios ha desatado una profunda preocupación y rechazo por parte de los inspectores de Hacienda, quienes alertan sobre los peligros de introducir una mayor subjetividad y rebajar los criterios en la selección de personal para la AGE. Es fundamental mantener la objetividad y la excelencia en la función pública, garantizando la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a la sociedad.