El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado que hasta el momento no cuentan con detalles acerca de la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Esta afirmación surge en respuesta a la información divulgada por ‘Expansión’, la cual adelanta que Bruselas planea sancionar a España debido a las condiciones impuestas en la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell.

Según los reportes, la Comisión Europea considera que el Gobierno español ha excedido sus competencias, y que las medidas adoptadas van en contra del principio de libre circulación de capitales. En este contexto, se señala que la supuesta extralimitación radica en la utilización -según la Comisión Europea- forzada del concepto de interés general para tomar decisiones más allá de las establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entidad encargada de autorizar las ofertas públicas de adquisición en España.

Postura del Gobierno Español

En respuesta a estas acusaciones, el ministro Cuerpo ha afirmado que el Gobierno se ha ceñido estrictamente a lo que permite la legislación nacional, habilitándolos a imponer condiciones que consideren el interés general por encima de las relacionadas con la competencia, las cuales son competencia de la CNMC. Durante un encuentro del sector del comercio exterior organizado por ICEX, el ministro subrayó que las condiciones impuestas al BBVA deben ser proporcionales, y que esa fue la línea de actuación del Gobierno, en línea con la normativa europea.

Defensa de las decisiones gubernamentales

Cuerpo aseguró que las medidas aplicadas al BBVA deben ser proporcionadas y en sintonía con el interés general. En este sentido, el ministro reafirmó que la actuación del Gobierno se ajusta a la legalidad europea y que las condiciones establecidas para la OPA fueron acordes a dicho marco normativo.

Conclusión

Ante la incertidumbre generada por las informaciones sobre posibles sanciones de la Comisión Europea, el ministro de Economía ha defendido la actuación del Gobierno español en el marco de la legalidad vigente. Aunque los detalles del expediente por la OPA aún no han sido proporcionados, la postura oficial es clara: las decisiones tomadas se ajustan a la normativa europea y velan por el interés general.