En el segundo trimestre de 2025, el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de Valencia ha revelado una dura realidad: la crisis de vivienda en España ya no es simplemente un problema de acceso, sino una auténtica emergencia habitacional estructural con un alto riesgo de desencadenar un conflicto social. Así lo afirma el director de la cátedra, el profesor Fernando Cos-Gayón, quien deja en claro que nadie puede alegar ignorancia frente a esta situación alarmante.

Con tan solo 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para la venta en una ciudad como Valencia, con más de 800,000 habitantes y 415,000 viviendas construidas, la cifra resulta inquietante. Este escenario, según el experto en Arquitectura, no solo es estadísticamente irrelevante, sino también urbanísticamente alarmante y socialmente inaceptable.

La cruda realidad de la vivienda en Valencia

El informe destaca que la oferta de vivienda nueva en venta representa menos del 0,02% del parque residencial de la ciudad, lo que evidencia un colapso en la producción de viviendas. La escasez de viviendas de protección pública es otro punto preocupante, con solo 15 unidades disponibles en el último trimestre, lo que representa un duro golpe para los hogares con ingresos medios y bajos.

Además, se resalta la imposibilidad creciente de construir nuevas viviendas debido al incremento exorbitante en el coste de ejecución y la falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción.

El mercado del alquiler en Valencia

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que el precio medio del alquiler en Valencia ha superado los 1,900 euros al mes, evidenciando una escalada preocupante tanto en el alquiler tradicional como en el turístico. El análisis realizado desmiente la narrativa oficial, señalando que el problema radica en la retracción de la oferta debido a la inseguridad jurídica y la rigidez regulatoria.

La Ley de Vivienda ha tenido efectos contrarios a los esperados, expulsando a pequeños propietarios del mercado y agravando la crisis habitacional. Fernando Cos-Gayón enfatiza que culpar al turismo es simplemente una coartada, y que la solución al problema del alquiler no radica en decretos, sino en políticas que fomenten la construcción de viviendas accesibles.

Consecuencias sociales devastadoras

Las consecuencias más graves de esta crisis ya no son únicamente económicas, sino que se reflejan en la sociedad con cerca de 40 asentamientos informales en Valencia, donde familias viven en condiciones precarias. Este escenario, según el informe, es resultado de años de inacción institucional y falta de planificación, lo que ha dejado a España sin una tipología de vivienda social real y viable.

La falta de una vivienda de protección pública adecuada y la ausencia de una estrategia clara para contener la crisis habitacional están llevando al país a una exclusión creciente, sin ofrecer una alternativa habitacional viable para quienes más lo necesitan.

El llamado a la acción

El profesor Cos-Gayón destaca la importancia de activar la Vivienda de Protección Pública (VPP) con precios máximos dinámicos para frenar los asentamientos, controlar los precios y reequilibrar el mercado. Sin embargo, la inacción y la falta de una planificación efectiva ponen en riesgo la estabilidad social y económica de España en el futuro cercano.

Ante esta cruda realidad, es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes y concretas para abordar la emergencia habitacional y garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna para todos los ciudadanos españoles. La situación no solo requiere de diagnósticos, sino de acciones contundentes para revertir una crisis que afecta a millones de personas en el país.

Conclusiones contundentes

En definitiva, la crisis de vivienda en España, evidenciada por el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, es una señal de alarma que no puede ser ignorada. La falta de políticas efectivas, la escasez de viviendas asequibles y la ausencia de una estrategia clara para abordar esta problemática estructural representan un desafío inminente para el país.

Es hora de actuar con determinación y responsabilidad para evitar que la crisis habitacional se convierta en un conflicto social de dimensiones aún mayores. La vivienda es un derecho básico que debe ser garantizado por el Estado, y es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles que permitan a cada ciudadano español tener un hogar digno y seguro.