Más de 300.000 andaluces se encuentran en una situación de dependencia, necesitando ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria debido a su avanzada edad o a enfermedades que limitan su autonomía. En Andalucía, el sistema de atención a la dependencia, aprobado en 2006, brinda servicios como la teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial y apoyo económico a familias cuidadoras. Sin embargo, la burocracia excesiva y la falta de financiación son dos de los principales desafíos que enfrenta este sistema.

Según datos de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Gobierno apenas cubre un tercio del gasto en dependencia en la región, dejando el resto, un 68,09%, a cargo de los presupuestos autonómicos. En contraste, el País Vasco ha alcanzado un acuerdo para que el Estado abone el 50% del gasto en dependencia a partir de 2027, mientras que Andalucía se encuentra lejos de este porcentaje.

Reforma de la ley de dependencia y disparidad en la financiación

El Consejo de Ministros aprobó recientemente un proyecto de reforma de la ley de dependencia que busca que el Estado cubra al menos el 50% del gasto en este ámbito. Este movimiento se da después de que el Gobierno pactara con el País Vasco, donde se prevé que en 2027 la financiación estatal alcance el 50%, mientras que Andalucía continúa recibiendo una proporción menor.

A pesar de la «infrafinanciación» estatal, Andalucía ha mejorado la dotación del sistema de dependencia, destinando 7.696,35 euros por persona atendida. Sin embargo, las cifras muestran que el esfuerzo de la región supera ampliamente el 50% que establece la ley, evidenciando una disparidad significativa en la financiación entre comunidades autónomas.

Críticas y desafíos en la financiación de la dependencia

Según un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, Andalucía financió el 65,1% del gasto en dependencia en 2024, por debajo de la media nacional del 72,9%. Asimismo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha señalado que, a pesar de una ligera reducción en la financiación estatal, Andalucía fue una de las comunidades que más inversión recibió por parte del Gobierno central, aunque aún lejos del 50% propuesto en la nueva ley.

Esta disparidad en la financiación de la dependencia entre comunidades como Andalucía y el País Vasco pone de manifiesto la necesidad de revisar y equilibrar los criterios de reparto de fondos para garantizar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia en todo el territorio nacional.

Conclusión

La situación actual evidencia la urgencia de abordar de manera equitativa y solidaria la financiación de la dependencia en España, garantizando que todas las comunidades autónomas reciban los recursos necesarios para atender a sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Es fundamental establecer un marco de financiación justo y equilibrado que permita ofrecer una atención de calidad a quienes más lo necesitan, sin importar su lugar de residencia.