Las primeras reacciones de las asociaciones judiciales al plan contra la corrupción presentado por Sánchez en el Congreso no se han hecho esperar. A pesar de sonar loable sobre el papel, expertos como la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, aseguran que existen serias carencias de fondo.

Para combatir realmente la corrupción, señalan que no es suficiente con anunciar nuevas agencias o herramientas tecnológicas. Lo fundamental, según ellos, radica en garantizar la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.

Medidas redundantes y existentes

Según Sergio Oliva, portavoz nacional de Francisco de Vitoria, muchas de las medidas anunciadas son redundantes o ya están en vigor. Por ejemplo, la protección a los denunciantes y el decomiso de bienes ya son posibles en nuestro ordenamiento penal.

Además, existen mecanismos para evitar que empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración. En este sentido, recalcan que repetir lo que ya está en marcha no significa reformar, sino hacer marketing.

Voluntad política y transparencia tecnológica

Destacan que lo que realmente escasea no es la estructura, sino la voluntad política de permitir que las instituciones actúen con autonomía. Aunque se abre la posibilidad de que la ciudadanía audite decisiones automatizadas en la contratación pública, advierten que sin transparencia tecnológica, esta participación podría quedar superficial.

Además, hacen hincapié en la necesidad de dotar de presupuesto a estas medidas, ya que sin los recursos adecuados, carecerían de eficacia real.

Reforma necesaria y plazos de instrucción

En cuanto a una reforma requerida del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que limita los plazos de instrucción, subrayan la complejidad de las tramas de corrupción y la necesidad de ajustar estos plazos para facilitar las investigaciones.

Es fundamental estar atentos a la implementación práctica de estas medidas para no quedar en meras intenciones. Se destaca la importancia de contar con un respaldo presupuestario para evitar que todo quede en papel mojado.

Desarrollo, debate público y medios adecuados

Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, considera que si bien las medidas propuestas pueden ser útiles, requieren desarrollo, concreción, un amplio debate público y la dotación de medios para que la administración de justicia responda de manera eficaz.

Se resalta la importancia de aumentar los plazos máximos de instrucción según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como fomentar investigaciones ágiles con equipos multidisciplinares para mejorar la eficacia de la justicia.

Garantías y controles adicionales

Se plantea la necesidad de establecer garantías de confidencialidad para los denunciantes y de introducir controles mediante Inteligencia Artificial, como ya se realiza en la inspección de hacienda.

Asimismo, se sugiere poner énfasis en las empresas corruptoras y en regular de manera más estricta el nombramiento de asesores en los tribunales, para evitar posibles conflictos de interés.

Conclusión

El plan anticorrupción de Sánchez ha generado opiniones encontradas entre asociaciones judiciales, que señalan la necesidad de no solo anunciar medidas, sino de llevar a cabo reformas efectivas que garanticen la independencia y eficacia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. La transparencia, el respaldo presupuestario y la agilidad en las investigaciones son aspectos clave que deben abordarse para lograr resultados tangibles en la erradicación de este flagelo.