En un giro impactante, el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su presunta participación en una red de corrupción que implicaría a una treintena de personas. Según el auto judicial, Montoro habría utilizado su posición en el Ministerio de Hacienda para beneficiar ilícitamente a empresas de gases industriales a cambio de beneficios económicos.

La trama, que involucra a antiguos colaboradores de Montoro que pasaron por Hacienda y trabajaron en el despacho de abogados que fundó tras abandonar el Gobierno, habría operado como un intermediario entre las empresas gasistas y el poder legislativo. Entre los implicados se encuentran altos cargos del Ministerio durante la etapa de Montoro, como Miguel Ferré, Pilar Platero, Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Modificación de leyes a medida de las empresas

El juez Rubén Rus señala que Montoro habría utilizado las potestades de su cargo para garantizar beneficios a su despacho, que habría actuado como un nexo entre las empresas gasistas y el proceso legislativo. Según la investigación, las compañías contrataron al despacho para influir en reformas legales que les favorecieran económicamente, como rebajas en impuestos específicos.

• Primera contratación: rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
• Segunda contratación: modificación legislativa para beneficio fiscal de las gasistas.

Respuesta de los implicados

Ante las acusaciones, Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, ha negado categóricamente haber participado en una trama ilegal. Afirman que Montoro se desvinculó de la empresa en 2008 y que su labor se limitó a brindar asesoramiento técnico jurídico a las empresas gasistas. Además, denuncian no haber podido personarse en el procedimiento judicial durante siete años de investigaciones bajo secreto.

Conclusión

El caso de presunta corrupción que implica a Cristóbal Montoro y a antiguos colaboradores ha sacudido los cimientos del poder político y empresarial en España. La imputación del exministro por favorecer a empresas de gases industriales desde el Ministerio de Hacienda pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y ética en las relaciones entre el sector público y privado. La justicia deberá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este escandaloso entramado de corrupción.