A prisión por vender como virgen extra aceite que tenía un 70% de girasol: penas entre tres años y medio y cuatro años y nueve meses

Un tribunal de Andalucía ha condenado a penas de entre tres años y medio y cuatro años y nueve meses de prisión a varios acusados por vender aceite de oliva como virgen extra pese a tener un 70% de aceite de girasol. La sentencia destaca que se puso en riesgo la salud de los consumidores al no ser un producto apto para el consumo humano. Las penas también incluyen multas importantes.

Penas para los implicados

• El principal acusado, que era el administrador y responsable de producción, ha sido sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión, incluyendo una multa de 7,2 millones de euros y la inhabilitación para ejercer de comerciante por ocho años.
• Otra persona implicada ha sido condenada a tres años y medio de prisión, con una multa de 2,9 millones de euros y una inhabilitación de seis años.
• Además, la empresa ha sido condenada a pagar una multa de 7,2 millones de euros.

El fraude

El caso se remonta a 2014, cuando la empresa en cuestión fue inspeccionada y se descubrió el fraude. El aceite etiquetado como virgen extra en realidad contenía un 70% de aceite de girasol, lo que lo hacía inapto para el consumo humano. Esta maniobra fraudulenta puso en peligro la salud de los consumidores y dañó la reputación del aceite de oliva español.

La sentencia

La sentencia destaca que los acusados llevaban a cabo una «manipulación consciente» del producto con la intención de obtener mayores beneficios, poniendo en peligro la salud pública. Además de las penas de prisión y las multas económicas, se ha ordenado el decomiso de todos los productos, documentos y útiles relacionados con el delito. Esta sentencia envía un mensaje claro de que el fraude alimentario no será tolerado y que aquellos que lo cometan enfrentarán duras consecuencias.

Conclusión

El caso del aceite de oliva adulterado pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la veracidad en la industria alimentaria. Las autoridades están tomando medidas firmes para proteger la salud de los consumidores y garantizar la calidad de los productos. La sentencia ejemplar en este caso envía un mensaje contundente a quienes intenten engañar en la comercialización de alimentos.