En un giro inesperado, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar provisionalmente la denuncia por presunta financiación irregular de Vox, presentada por el PSOE en diciembre pasado. Esta investigación se centraba en los métodos utilizados por el partido de Santiago Abascal para captar fondos de manera opaca, incluyendo supuestos fondos extranjeros de forma ilegal.

Anticorrupción señala que el Tribunal de Cuentas ya había impuesto sanciones administrativas a Vox, lo que legalmente impediría llevar el caso a la vía penal. Tras una exhaustiva revisión, la Fiscalía concluyó que no existían indicios de delito en las aportaciones a través de merchandising ni en los préstamos húngaros, añadiendo que la supuesta donación denunciada en realidad fue un préstamo que ya ha sido devuelto.

La denuncia del PSOE y las acusaciones

El PSOE presentó la denuncia contra Vox el 13 de diciembre, alegando financiación irregular y mencionando un préstamo de 6,5 millones de euros concedido por un banco húngaro vinculado al primer ministro Viktor Orban. Según los socialistas, este préstamo violaba las normativas que prohíben a los partidos recibir financiación de entidades públicas extranjeras.

La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, decidió iniciar un procedimiento reservado contra Vox debido a la base para investigar la presunta financiación irregular. Antes de esta denuncia, el PSOE ya había presentado informes ante la Junta Electoral Central y el Tribunal de Cuentas, señalando irregularidades en las cuentas de Vox de los años 2018, 2019 y 2020.

El préstamo y las conclusiones de Anticorrupción

La Fiscalía destacó que el préstamo de 6,5 millones de euros otorgado por el banco húngaro fue ampliado y posteriormente totalmente amortizado por Vox. En este sentido, se aclaró que no se trató de una donación, como se había sugerido inicialmente. Además, se mencionó que el Tribunal de Cuentas no pudo verificar la participación gubernamental en la entidad financiera en cuestión.

Anticorrupción subrayó que las sanciones administrativas impuestas por el Tribunal de Cuentas a Vox en los años anteriores no pueden ser trasladadas a una investigación penal, ya que los hechos ya han sido juzgados en la vía administrativa. Este criterio legal impide abrir un caso penal sobre asuntos que ya han sido sancionados de forma administrativa.

Conclusión: Archivo del caso y aclaraciones finales

En resumen, la Fiscalía Anticorrupción ha determinado que no existen pruebas suficientes para continuar con la investigación contra Vox por financiación irregular. Se ha demostrado que los fondos cuestionados fueron en realidad préstamos devueltos y que las acusaciones de financiación ilegal no se sostienen ante la ley vigente.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de las denuncias por financiación de partidos políticos y la necesidad de esclarecer rigurosamente cualquier irregularidad. La transparencia en la financiación de la política es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.