La tensión en el ámbito judicial y fiscal alcanza su punto crítico. Cinco asociaciones representativas de jueces y fiscales, a excepción de las agrupaciones progresistas, han anunciado movilizaciones contundentes en respuesta a los proyectos de ley que pretenden alterar el acceso a ambas carreras y reconfigurar la Fiscalía para otorgar a los fiscales un papel predominante en las investigaciones penales. Ante la falta de respuesta del Gobierno, han fijado un ultimátum: una gran concentración el próximo 28 de junio frente al Tribunal Supremo.

¿Por qué la protesta?

La reforma propuesta por Bolaños ha desencadenado un profundo malestar en el colectivo judicial y fiscal. La modificación en el acceso a las carreras, sumada a los cambios en la estructura de la Fiscalía, generan incertidumbre y desconfianza en el sistema de justicia. Los jueces y fiscales sienten que sus competencias se ven amenazadas y que las bases de una justicia independiente podrían verse comprometidas.

El paso hacia la huelga

Ante la falta de diálogo y el avance de las reformas, las asociaciones han hecho público su ultimátum: si el Gobierno no retira los proyectos de ley en cuestión, se llevará a cabo una huelga de tres días durante los primeros días de julio. Esta medida extrema busca visibilizar el descontento y la firme oposición a las reformas planteadas por Bolaños.

Concentración en el horizonte

La cita está marcada: el 28 de junio, frente al Tribunal Supremo, jueces y fiscales se reunirán en una concentración masiva para expresar su rechazo a las reformas en curso. Será un momento crucial para mostrar la unidad y determinación del colectivo en defensa de la justicia y la autonomía de sus funciones.

¿Qué depara el futuro?

La incertidumbre reina en el ambiente judicial y fiscal. ¿Lograrán las movilizaciones y la amenaza de huelga incidir en la decisión del Gobierno? El rumbo de la justicia en el país parece estar en juego, y la respuesta a estas demandas marcará un antes y un después en la relación entre el poder político y el sistema judicial.

En definitiva, la concentración del 28 de junio se erige como un punto de inflexión en la lucha de jueces y fiscales por proteger su independencia y el correcto funcionamiento de la justicia. La posibilidad de una huelga pone de manifiesto la determinación de un colectivo unido en defensa de sus principios fundamentales. El desenlace de esta situación tendrá repercusiones trascendentales en el sistema judicial y en la percepción de la sociedad hacia la administración de justicia en el país.