En un sector tan regulado como el energético, cualquier interrupción del suministro no puede considerarse un simple accidente técnico, sino un fallo del Estado. Lo sucedido el 28 de abril en la Península Ibérica, con un apagón sin precedentes, revela un problema estructural derivado de una gestión pública deficiente y opaca.

La electricidad no es una mercancía común, sino un servicio esencial bajo un sistema regulado en el que el Estado tiene un papel central. Desde la planificación de cierres nucleares hasta la autorización de infraestructuras, el Gobierno interviene en cada aspecto del sector energético, lo que implica que cualquier fallo tiene responsables públicos claros.

Responsabilidad de Red Eléctrica en el apagón

El primer informe oficial sobre el apagón señala a Red Eléctrica (Redeia) como responsable de diversas fallas que contribuyeron al colapso del sistema. La falta de capacidad de control de tensión dinámica, las oscilaciones de frecuencia y las desconexiones indebidas apuntan directamente a la gestión del operador de la red eléctrica.

Es especialmente preocupante que Redeia no haya sustituido a una térmica que alertó sobre su no disponibilidad, dejando a regiones como Andalucía sin la energía síncrona necesaria para evitar el apagón. Esta negligencia pone de manifiesto la importancia de una gestión eficiente y responsable por parte de las entidades públicas.

La confusión tras el apagón: falta de rendición de cuentas

Tras el incidente, se observa una falta de claridad y transparencia en las responsabilidades. Mientras el Gobierno intenta compartir culpas con las empresas privadas, Redeia sugiere que simplemente cumple con las solicitudes del sector privado, generando una atmósfera de confusión y falta de rendición de cuentas.

La obsesión por impulsar energías renovables sin fortalecer la red eléctrica, ni garantizar un respaldo síncrono, ha llevado a la fragilidad del sistema. La planificación prioriza aspectos políticos y mediáticos sobre la estabilidad del suministro, lo que pone en riesgo la seguridad energética a largo plazo.

El cierre de centrales nucleares, junto con la subvención de instalaciones de energías renovables con costos negativos, refleja una política intervencionista que no considera las implicaciones prácticas en la operatividad del sistema. Más allá del error técnico, lo preocupante es la falta de asunción de responsabilidades por parte de las entidades públicas.

La urgencia de una gestión responsable y transparente

El incidente del apagón en la Península Ibérica no debe ser pasado por alto como un simple accidente. Es una llamada de atención sobre la necesidad de una gestión energética responsable, transparente y efectiva por parte de las autoridades competentes. La seguridad energética del país no puede quedar en manos de decisiones improvisadas o políticas sin base técnica.

Es esencial que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas claros y efectivos en el sector energético para evitar situaciones como la vivida en abril. Solo a través de una gestión rigurosa, planificada y transparente se podrá garantizar un suministro eléctrico estable y seguro para todos los ciudadanos.

Conclusiones finales

El apagón en la Península Ibérica no fue simplemente un incidente técnico, sino un reflejo de deficiencias en la gestión pública del sector energético. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad, fortalezcan la red eléctrica y prioricen la estabilidad del sistema por encima de intereses políticos o ideológicos. Solo así se podrá garantizar un suministro energético fiable y seguro para todos los ciudadanos.