En medio de un intenso debate político, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha levantado la voz en contra de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería propuesta por el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez. Dávila ha calificado esta medida como «absolutamente ilegal e inconstitucional», respaldada por los servicios jurídicos de once gobiernos autonómicos, incluyendo algunos del Partido Socialista.

En declaraciones previas a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera ha acusado al Ejecutivo de utilizar el tema de los menores migrantes no acompañados como una «coartada política» para favorecer a figuras como Sánchez y Carles Puigdemont, así como a las redes de tráfico de personas.

Una oposición contundente

Ana Dávila ha manifestado que la propuesta de trasladar automáticamente a los menores migrantes entre comunidades autónomas es equiparable a tratarlos como «paquetes», generando un rechazo generalizado entre las regiones que ven en esta medida una falta de sensibilidad y planificación por parte del gobierno central.

Las comunidades autónomas que se han unido en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional representan cerca del 70% de la población española, planteando así una «enmienda a la totalidad» a la estrategia del Ejecutivo en materia de menores migrantes no acompañados.

Madrid, al límite de sus capacidades

La consejera de la Comunidad de Madrid ha hecho hincapié en la situación límite en la que se encuentra la región, con recursos colapsados y una gestión compleja de un elevado número de menores migrantes. A pesar de la solidaridad demostrada, Dávila ha advertido sobre la saturación actual y la falta de respuestas eficaces por parte del Gobierno central.

Ante esta coyuntura, se requiere una acción inmediata y efectiva para evitar tragedias y abordar de manera seria y responsable el desafío migratorio que enfrenta el país. Es fundamental adoptar medidas que prioricen la protección de vidas humanas y establecer estrategias basadas en el ejemplo de otras naciones.

Un llamado a la acción

En resumen, la postura del gobierno de Ayuso frente a la reforma de la Ley de Extranjería es clara y contundente. La necesidad de una política migratoria coherente, solidaria y efectiva se vuelve imperativa en un contexto marcado por la crisis humanitaria y la urgencia de proteger los derechos de los menores migrantes. Es hora de actuar con determinación y responsabilidad para garantizar un futuro digno para todos.