España, un país de contrastes y contradicciones, se encuentra en una encrucijada. A pesar de mantener un ritmo de crecimiento económico envidiable en la eurozona para el año 2025, con previsiones que superan el 2,3%, la realidad subyacente revela una fragilidad preocupante. La incertidumbre política y la deficiente calidad institucional amenazan con socavar las bases del progreso sostenido a largo plazo.

El reciente informe de coyuntura económica del Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado ‘Un crecimiento económico condicionado por un contexto institucional adverso’, expone un escenario paradójico. A pesar del crecimiento económico, la actividad empresarial se ve lastrada por una serie de obstáculos, destacando la deficiencia institucional y regulatoria como elementos clave que minan la confianza y la propensión a la inversión.

Deficiencia regulatoria: una barrera para la inversión

Según el informe, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y la OCDE en eficiencia regulatoria, control institucional y estabilidad política. Un dato alarmante es que el 60,4% de las empresas españolas identifican la regulación como el principal obstáculo para invertir, más del doble que el promedio europeo.

La deficiencia regulatoria en España, un 33,4% superior a la media, se refleja en problemas como la lentitud y accesibilidad de los procesos judiciales, la falta de confianza en la Administración y la excesiva burocracia que obstaculiza al sector privado.

Inestabilidad institucional y corrupción: lastres para el desarrollo

En cuanto a la inestabilidad institucional, España obtiene una puntuación por encima de la media de la OCDE y un 41,5% superior al promedio de la UE. Esto refleja la limitada capacidad de las instituciones para generar un entorno estable y predecible que fomente la inversión empresarial.

Además, el país se encuentra entre los quince con mayor presencia de corrupción en la OCDE, lo que erosiona la confianza en las instituciones y en la economía en general.

El llamado a la acción

El informe del IEE destaca la importancia de mejorar la calidad institucional y regulatoria como uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la economía. Se hace hincapié en la necesidad de simplificar la normativa, fortalecer el control institucional, promover la competencia empresarial y reducir las cargas fiscales y regulatorias.

De no abordar estos problemas estructurales, España corre el riesgo de consolidar una economía dual, donde el crecimiento económico se vea lastrado por las deficiencias institucionales y regulatorias.

Conclusión

En definitiva, la deficiencia institucional y regulatoria representa un freno de mano para la economía española, limitando su potencial de crecimiento y desarrollo. Es imperativo que se tomen medidas concretas para fortalecer las bases sobre las que se asienta la actividad económica, garantizando un entorno estable, transparente y propicio para la inversión y la competitividad en un contexto global cada vez más exigente.