Dos días después de la primera vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, el abogado de Sociedad Civil Catalana que presentó la cuestión prejudicial al Tribunal de Cuentas, se muestra satisfecho con el resultado y espera que la sentencia resulte en la inaplicabilidad de la ley. La norma choca con los valores de la Unión Europea, más allá de si se utilizaron fondos comunitarios en la malversación del ‘procés’.

¿Por qué era necesario plantear esta cuestión prejudicial?

Además de poner en valor el trabajo de Sociedad Civil Catalana, era fundamental seguir luchando para que la malversación contable del ‘procés’ no quede impune y para conseguir justicia en Europa. Como demandantes, instaron al Tribunal de Cuentas a elevar esta consulta en cuanto la ley de amnistía entró en vigor.

Impresiones de la vista en Luxemburgo ante el TJUE

La vista fue muy positiva, permitió exponer con claridad y rigor técnico y jurídico los hechos, mostrando que la ley es una autoamnistía. La Comisión Europea respaldó esta postura, lo que refleja un buen trabajo de cara al informe que emitirá el abogado general de la UE.

Perspectivas sobre la decisión del TJUE

Las esperanzas de un fallo favorable se han incrementado tras la vista. La malversación va en contra de tratados internacionales que piden perseguir la corrupción en cualquier Estado miembro, y la ley de amnistía atenta contra derechos fundamentales de la Unión. Se confía en que la norma sea invalidada en España.

Consecuencias de un fallo favorable del TJUE

La inaplicación de la ley por parte de jueces con procesos relacionados con la amnistía prevalecería, dado el principio de primacía del derecho europeo. El Tribunal Constitucional quedaría en duda por haber acelerado su dictamen, evidenciando presiones del Ejecutivo.

Reflexiones finales sobre el papel de las instituciones

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han sido cuestionadas en su rol, mientras que los constitucionalistas confían en que la justicia europea haga valer los principios democráticos y la independencia judicial. El objetivo es terminar con una ley que beneficia a unos pocos y afecta al estado de derecho en España.

Conclusión

La decisión del TJUE no solo marcará un precedente legal en España, sino que podría redefinir el papel de las instituciones y garantizar la justicia en Europa. La lucha contra la corrupción y la defensa de los valores democráticos están en juego, y los constitucionalistas confían en que la verdad prevalecerá.