En el turbulento final de noviembre de 2014, el Congreso de los Diputados dio luz verde a una ley que, entre otras medidas, abordaba las demandas de las Islas Canarias y realizaba ajustes en el Régimen Económico y Fiscal (REF) en lo referente a su vertiente fiscal. A simple vista, parecía una modificación rutinaria, pero la realidad detrás de esta decisión es mucho más compleja y controvertida de lo que podría parecer a simple vista.

El respaldo de Cristóbal Montoro y sus implicaciones

Uno de los aspectos más destacados de esta modificación del REF canario fue el respaldo recibido por parte de Cristóbal Montoro, en aquel entonces Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Su apoyo a esta medida generó una considerable controversia, ya que diversos sectores señalaron que detrás de esta decisión se escondían intereses que iban más allá de los beneficios para las Islas Canarias.

Los intereses de las compañías gasistas en juego

Entre las teorías que circularon en aquel momento, una de las más recurrentes apuntaba a la preservación de los intereses de las compañías gasistas como uno de los motores detrás de esta modificación del REF. Se planteaba que ciertos ajustes en la normativa podrían favorecer a estas empresas en detrimento de otros sectores y del interés general.

La opacidad tras la apariencia de legalidad

Lo preocupante de este episodio radica en la falta de transparencia que lo envolvió. A pesar de que la modificación del REF canario se presentó como una medida necesaria para impulsar el desarrollo de las Islas Canarias, muchos ciudadanos y expertos cuestionaron la opacidad con la que se llevaron a cabo ciertos procesos y decisiones clave.

Conclusiones finales

En definitiva, la modificación del Régimen Económico y Fiscal canario avalada por Cristóbal Montoro dejó en evidencia la complejidad y los intereses que a menudo se entrelazan en el ámbito político y económico. Detrás de aparentes decisiones técnicas, a veces se ocultan motivaciones y beneficios que merecen ser analizados con detenimiento para garantizar la transparencia y la equidad en el desarrollo de las regiones y en el funcionamiento de las empresas.