La tensión en Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón sigue en aumento. Las alcaldesas, ambas del Partido Popular, han tomado una postura firme contra la gestión de la inmigración irregular por parte del Gobierno de Sánchez. En un acto de unidad, enviarán al Ejecutivo las decisiones tomadas en los plenos de sus ayuntamientos para exigir un cambio de rumbo en la política migratoria.

Protestas y contrapuntos

La semana pasada, la protesta en Alcalá liderada por grupos extremistas resultó ser un fracaso. La presencia de ultras y la escasa participación de vecinos evidenciaron la falta de respaldo a estas manifestaciones. La izquierda intentó politizar el evento sin éxito, siendo criticada por el Partido Popular por su intento de desvirtuar la realidad.

Críticas y confrontaciones

El cruce de declaraciones entre los partidos no se hizo esperar. El PSOE y Más Madrid acusaron al PP de complicidad por su silencio frente a la manifestación, mientras que desde el Partido Popular se denunció el intento de instrumentalización por parte de la izquierda. La tensión política en la región se mantiene en un punto álgido.

La lucha institucional

Las alcaldesas de Alcalá y Pozuelo mantienen su postura y elevarán su reclamo al Gobierno de Sánchez. En Alcalá, Judith Piquet exigirá el cierre inmediato del centro de acogida de inmigrantes, mientras que en Pozuelo, Paloma Tejero rechazará el traslado de 400 menores no acompañados. La tensión entre los municipios y el Ejecutivo central se intensifica.

Conclusión contundente

La resistencia de Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón ante las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez evidencia un conflicto latente que continúa escalando. Las alcaldesas del Partido Popular se alzan como voces de una comunidad preocupada por su seguridad y su identidad, desafiando las decisiones del Ejecutivo. La batalla por la inmigración irregular está lejos de resolverse, y las repercusiones políticas y sociales se mantienen en un constante vaivén.