La factura electrónica, concebida por el Ministerio de Hacienda, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para incontables pymes. La falta de directrices claras por parte de la Agencia Tributaria ha sumido a estos negocios en un mar de dudas, sin saber cómo adaptar sus sistemas, qué datos deben incluir y cuáles son los plazos límite para su implementación. A pesar de múltiples retrasos, con una puesta en marcha ahora escalonada para el 2026, las empresas aguardan ansiosamente un reglamento que clarifique los términos de esta nueva obligación legal, derivada de la ley 18/2022, de la cual aún se desconoce su desarrollo normativo.

Esta situación deja a las pymes en una encrucijada, incapaces de ajustar sus sistemas con certeza jurídica. Son los profesionales, especialmente aquellos dedicados a la asesoría, consultoría y gestoría, quienes se ven obligados en la práctica a llevar el peso de adaptar a miles de negocios a estas nuevas exigencias. Esta realidad ha impulsado al grupo parlamentario del PP a presentar una proposición no de ley en el Congreso, instando al Gobierno a implementar «soluciones realistas, ágiles y colaborativas» para orientar a las pymes en este complejo proceso que les espera a corto plazo.

El desafío de la implementación

La propuesta del PP busca garantizar la publicación inmediata de las especificaciones técnicas del sistema Verifactu, utilizado por las pymes para administrar sus facturas, más allá de los tradicionales documentos en Word, Excel o PDF. Asimismo, solicita un calendario definitivo y gradual para la entrada en vigor de la factura electrónica, incluyendo fases piloto con un período de prueba exento de sanciones, y un cronograma coordinado con el entramado empresarial.

Además, se insiste en la necesidad de establecer un régimen transitorio flexible que contemple excepciones y adaptaciones según el tamaño de la empresa, el sector en el que opera y la disponibilidad de soluciones tecnológicas adecuadas. Los asesores desempeñan un papel fundamental en este proceso, así como las gestorías, consultorías y despachos profesionales, que deben ser considerados «beneficiarios elegibles» de las ayudas del Kit Digital.

Apoyo a las zonas rurales y autónomos

La propuesta también aboga por garantizar la disponibilidad de este servicio en áreas rurales y para autónomos sin estructura digital previa, a través de agentes digitalizadores locales. Por último, se demanda un servicio de asistencia multicanal con personal de la Administración para resolver todas las incógnitas relacionadas con esta nueva modalidad de facturación digital.

Conclusión: Urge una guía clara y efectiva

Ante la falta de información y orientación, las pymes se enfrentan a un verdadero reto en la implementación de la factura electrónica. Es imperativo que el Gobierno actúe con celeridad y eficacia para proporcionar a las empresas las directrices necesarias y garantizar un proceso de adaptación sin sobresaltos. La colaboración entre los diferentes actores involucrados, así como la disponibilidad de apoyos concretos, resultan fundamentales para evitar que la competitividad y el cumplimiento normativo de miles de pequeñas empresas se vean comprometidos en este nuevo escenario digital.